Las tarifas del agua varían hasta un 1.139% según un estudio realizado en 53 ciudades

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Las tarifas del agua varían hasta un 1.139% según un estudio de FACUA en 53 ciudades

La tarifa del agua varía hasta un 1.139% según la ciudad en la que se reside, doce veces más cara, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas del suministro domicilario de agua en 2019 en las 50 capitales de provincia españolas, además de Santiago de Compostela, Gijón y Melilla (ver tablas). Los precios más caros para un consumo de 10 metros cúbicos son Murcia, Huelva, Barcelona, Palma de Mallorca y Alicante.




Las variaciones tarifarias suponen hasta 313,80 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 ó 15 mm, entre los 2,29 euros al mes que se pagan en León y los 28,43 euros que se abonan en Murcia. Si el consumo alcanza los 20 m3 mensuales, las variaciones alcanzan los 746 euros al año. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

A pesar de las enormes diferencias tarifarias entre las 50 capitales de provincia y las otras tres ciudades analizadas, las viviendas con un consumo de 10 m3, ya sea con calibre de 13 o 15 mm, pagan de media en 2019 15,64 euros. En aquellas familias con un consumo de 20 m3, sin importar el calibre, el precio medio alcanza los 33,10 euros.

El análisis de FACUA toma como referencia dos modelos: una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 ó 20 metros cúbicos. Tanto los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro como aquellos con contadores de 15 milímetros pagan ligeramente menos que en 2018: una bajada media de un 1,0% para consumos de 10 m3 y del 0,8% para los de 20 m3.

Grandes diferencias entre ciudades

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una tarifa de 28,43 euros al mes, Barcelona (empresa mixta), 22,90 euros, Palma de Mallorca (empresa pública), 22,50 euros y Huelva (empresa mixta), 22,49 euros.

En el otro extremo se encuentra León (modelo de gestión mixto), con un precio de 2,29 euros para un consumo de agua de 10 m3 cúbicos al mes, independiente de si el calibre es de 13 o 15 mm. También es la ciudad más barata para un consumo mensual de 20 m3 independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 8,69 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 13 mm le siguen Soria (gestión mixta), 8,38 euros al mes; Oviedo (gestión privada), 8,58 euros; Ourense (gestión privada), 8,67 euros y Guadalajara (gestión privada), 9,64 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm las tarifas más caras mensuales son las que abonan en Murcia (28,43 euros), Huelva (24,18 euros), Barcelona (22,90 euros) y Palma de Mallorca (22,50 euros). Las tarifas más bajas se encuentran igualmente en León (2,29 euros al mes), Soria (8,38 euros), Oviedo (8,58 euros), Ourense (8,67 euros) y San Sebastián (9,94 euros).

En ocho de las 53 ciudades analizadas por FACUA han aumentado los precios con respecto a 2018. En algunos casos, por modificación de las propias tarifas, mientras que en otros éstas se mantienen pero suben los cánones locales, provinciales o autonómicos que se aplican, como en el caso de Jaén (subida del 3% de media) y Sevilla (0,9% más que en 2018).

Las ciudades que suben sus tarifas en 2019 son Alicante (0,7%), Bilbao (2,3%), Jaén (1,1%), Pamplona (1%), Salamanca (2,2%), Sevilla (0,1%), Soria (2,3%) y Toledo (3,6%).

Por el contrario, hay tres ciudades que bajan sus tarifas, Cádiz (7,9%), León (24,7%) y San Sebastián (40%), además de una muy ligera bajada en Ciudad Real (0,6%) y Huelva (0,1%). Esto ha supuesto que de media, los precios para los cuatro casos analizados hayan bajado un 0,9% con respecto a los de 2018, de 24,61 euros ahora pasa a 24,41.

Tarifa progresiva




La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.

Número de residentes de la vivienda

FACUA considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos.

En 23 municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas, mientras que algunas ciudades aplica tarifas distintas a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar, como A Coruña y Barcelona.

La asociación señala que, en algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con bajos ingresos. FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.

Bonificaciones

Más de la mitad de las ciudades analizadas cuentan con bonificaciones o exenciones para determinados perfiles de consumidores, en su mayoría para familias numerosas, jubilados o pensionistas y domicilios con todos sus habitantes en situación de desempleo. Tan sólo 17 ciudades no cuentan con ningún tipo de rebaja o bonificación.

Además, algunas ciudades (Alicante, Barcelona, Huelva, y Málaga) cuentan con un fondo social o fondo de solidaridad para ayudar con el pago de sus facturas a familias en situación de dificultad económica.

También hay descuentos por niveles bajos de renta, como en el caso de A Coruña, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, Madrid, Palma de Mallorca y Santander.

Cánones

La mayoría de las ciudades analizadas en el estudio de FACUA incluyen, en sus tarifas, diferentes cánones que pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de saneamiento y depuración.

24 de las 53 ciudades analizadas no incluyen cánones en sus tarifas: Albacete, Ávila, Bilbao, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Melilla, Oviedo, Palencia, Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Sólo en Jaén y Sevilla los usuarios pagan más en 2019 que en 2018 por el aumento de estos cánones, mientras que han bajado en otras dos: Cádiz y Huelva.

Diferencia injustificada en las tarifas de los calibres de contador

De las 53 ciudades analizadas, tan sólo ocho cobran precios distintos en la cuota fija de abastecimiento (Castellón, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Madrid y Valencia) mientras que otras cinco (Girona, Granada, Guadalajar, Huelva y Santa Cruz de Tenerife) también cobran tarifas diferentes en el caso del servicio de saneamiento, en función de si el calibre es de 13 o 15 mm.

FACUA cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos técnicos de algunos operadores como el Canal de Isabel II y dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.

Así, Canal de Isabel II señala en un documento técnico que “en la práctica, desde un punto de vista constructivo, de capacidad metrológica y de transporte de aguas, los contadores de estos dos diámetros son exactamente iguales y la única diferencia entre ambos corresponde al diámetro de las roscas de conexión”. Además, señala que “a veces, en algunos abastecimientos y por cuestiones históricas, los contadores de 13 y 15 mm se utilizan en viviendas de diferentes tipos”.

De igual manera, una resolución de Industria de Andalucía señala que no existen razones que justifiquen la diferenciación de precios entre ambos contadores cuando no existen diferencias constructivas, ni metrológicas ni de transporte de agua.

Carencia normativa

En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual.

FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. Además, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.

FACUA considera que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda dicha gestión de forma unitaria e integral, en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración). La regulación debe garantizar los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos.

Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.

FACUA considera que también deben quedar recogidas las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarifique el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible.

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.

Metodología

Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía, etc.

FACUA considera como cuotas fijas o de servicio aquellas que hay que pagar aunque no se haga uso de las mismas, mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.

De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente así como el IVA.

Para evaluar las cuotas fijas y variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia una vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual. Además, se han establecido dos consumos medios de 10 y 20 m3, obtenidos a través de contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre.

Según la ciudad, la facturación puede realizarse de forma mensual, bimestral o trimestralmente, por lo que, al objeto de realizar el estudio, se ha calculado su equivalente mensual.

El estudio no recoge otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.

 




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