Un camarero limpiando con la fregona una mesa de la terraza

La escena tenía lugar hace tan solo unos días en la confluencia de la calle Feria y la Plaza de Montesión en el casco antiguo de Sevilla: un camarero limpiaba una mesa de la terraza con una fregona mientras hablaba tranquilamente con un cliente que presenciaba el momento con total normalidad.

Tanto gel y tanto espray hidro- alcohólico… Toma mesas higienizadas! pic.twitter.com/qli48D3POS

— Joaquín Urias (@jpurias) June 9, 2020

Un vecino graba el llamativo acto, más si cabe en un momento en el que la higiene cobra una gran importancia debido a la pandemia a causa del covid.

El establecimiento ya fue sancionado con 600 euros en 2018 por tener apiladas al descubierto 35 sillas y un parasol, a pesar de carecer de licencia para ello. Anteriormente, en 2015, la Gerencia de Urbanismo le había ordenado retirar este mobiliario de la vía pública.

BARES TERCERA FASE

En fase 3, los bares y restaurantes pueden abrir para consumo dentro del local con el límite del aforo en el interior del local fijado en el 50 por ciento y respetando la distancia social de dos metros entre mesa y mesa. El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, y cuando sea posible, con cita previa. También se abre la posibilidad de consumir en barra, una imagen muy característica que había desaparecido de las ciudades españolas desde mediados del pasado mes de marzo; eso sí, hay que garantizar una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes afines. Las terrazas ya pueden abrir al 75 por ciento del número de mesas permitido para cada local, con una ocupación máxima de 20 personas por mesa o grupo de mesas.

FACUA Andalucía critica que el sello ‘Andalucía Segura’ se obtenga con una mera declaración responsable

La normativa que regula este distintivo no establece ningún control previo al establecimiento para concedérselo, por lo que no se garantiza que realmente cumpla con condiciones de seguridad.

FACUA Andalucía critica que la Junta permita a los establecimientos obtener el distintivo Andalucía Segura -creado para certificar que están libre de contagio por Covid-19- mediante una simple declaración responsable de la empresa, sin ningún control previo por parte de la Administración que garantice que realmente cumple con condiciones de seguridad.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este martes 9 de junio el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus, que, entre otras cosas, regula este certificado y la forma de obtenerlo.

Así, los establecimientos sólo tendrán que entregar una declaración responsable indicando que cumplen con las recomendaciones que establece una guía publicada por la propia Junta. La federación advierte, sin embargo, de que la normativa no establece medidas informativas para que los usuarios conozcan los requisitos que debe cumplir un establecimiento con este distintivo, para que puedan conocer si realmente dichas medidas se están poniendo en práctica.

En este sentido, FACUA Andalucía considera una grave irresponsabilidad que la Junta no plantee medidas de control previo que garanticen que el establecimiento es seguro para la salud de los usuarios, limitando su labor de inspección a una simple verificación posterior de que el local cumple con las recomendaciones.

Por otra parte, el Decreto-ley, en su artículo 5, indica que, enn caso de que se detecte un incumplimiento, «se dejará sin efecto la declaración responsable presentada, que conllevará la pérdida del distintivo y de su derecho a exhibirlo«.

La federación critica que, a pesar del grave riesgo para la salud de los usuarios que puede suponer acudir a un establecimiento que ostente este distintivo sin cumplir las medidas imprescindibles de seguridad -y siendo víctima de publicidad engañosa por parte de la empresa-, el Decreto-ley no recoge posibles sanciones en caso de que se detecte un incumplimiento.

Es más, el propio artículo 5 permite a los establecimientos que hayan perdido el distintivo volver a recuperarlo tres meses después mediante la presentación de otra declaración responsable, sin más verificaciones o requisitos previos.

En este sentido, la federación lamenta la grave temeridad de la Junta al permitir, de facto, que establecimientos que hayan incumplido la normativa puedan volver a ostentar el sello Andalucía Segura sin ningún tipo de impedimento o control previo que garantice que realmente están llevando a cabo las medidas necesarias.

No se puede garantizar que un establecimiento esté 100% libre de contagio

FACUA Andalucía recuerda que ya se había dirigido anteriormente al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, para advertirle de que este certificado traslada a los consumidores la idea de que existe riesgo cero de contagio por Covid-19 en un establecimiento, algo que resulta imposible de garantizar en todo momento.

Igualmente, el hecho de que se cumplan distintas medidas y protocolos -que aún no se conocen- en un momento determinado no garantiza su cumplimiento habitual y permanente, ni elimina totalmente la posibilidad de que un usuario se vea contagiado en uno de los establecimientos con este distintivo.

No ha contado con las asociaciones de consumidores

FACUA Andalucía critica que la Junta de Andalucía ha creado este certificado al margen de las asociaciones de consumidores y de los órganos de decisión y de debate -Consejo Andaluz del Comercio y Consejo Andaluz del Turismo- de los que forman parte, pese a que tiene una incidencia directa en la salud de los usuarios.

La federación indica que la falta de participación e información en la regulación de un distintivo que se presenta como una «garantía» para los consumidores puede suponer una vulneración del ordenamiento jurídico. Así, la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en su artículo 21, establece como un derecho de los usuarios de servicios turísticos «participar, a través de sus organizaciones más representativas, en los procedimientos de adopción de decisiones públicas que, relacionados con el turismo, pudieran afectarles«.